La defensa de Cristina Kirchner brindó este miércoles una conferencia de prensa para explicar los alcances de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde denunció presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante el proceso judicial de la Causa Vialidad. Según los abogados, la condena tuvo como objetivo la “proscripción electoral” de la exmandataria y vulneró su derecho a participar en elecciones.

Durante la exposición, los letrados sostuvieron que se incumplieron garantías fundamentales como el derecho a un juicio justo, a ser juzgada por un tribunal competente e imparcial y a la presunción de inocencia. También cuestionaron la actuación de los magistrados y fiscales intervinientes, denunciaron supuestas irregularidades en la asignación de la causa y afirmaron que la revisión de la condena no fue efectiva por parte de las instancias superiores.

Además, la presentación señala que se incorporaron pruebas de otros expedientes sin posibilidad de contradicción por parte de la defensa y que 49 de las 51 obras públicas investigadas ya habían sido analizadas en procesos anteriores que concluyeron con archivos o sobreseimientos. En ese marco, también objetaron la actual integración de la Corte Suprema de Justicia y sostuvieron que ello afecta el derecho a contar con un recurso judicial efectivo.

En paralelo, la defensa solicitó al Comité de Derechos Humanos de la ONU la adopción de medidas cautelares mientras se analiza el caso. Entre los principales pedidos figuran la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema y modificaciones en las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, como el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de restricciones para recibir visitas y un trato igualitario respecto de otras personas que cumplen esa modalidad de detención.

Según los abogados, tras agotarse todas las instancias judiciales en Argentina con la resolución de la Corte Suprema del 10 de junio de 2025, quedó habilitada la presentación ante el organismo internacional.