El eje del conflicto radica en el direccionamiento de los recursos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). Según denunció Kicillof, el Poder Ejecutivo retiene estos fondos de asignación específica —originalmente destinados a la infraestructura vial— para utilizarlos en la especulación financiera y el pago de intereses de la deuda. La situación fue admitida de forma indirecta por el propio vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció que el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, retiene parte de esos recursos para cumplir con las metas macroeconómicas.