


La Justicia Federal de Río Grande dictó una medida cautelar que ordena a las empresas petroleras abstenerse de realizar obras en el marco del proyecto Sea Lion, ubicado al norte de las Islas Malvinas.
La ecisión judicial establece estrictas restricciones e impone obligaciones de transparencia a las compañías:Frenado de obras: Se suspenden las tareas de perforación del lecho y subsuelo marino, así como la instalación de infraestructura submarina y estructuras de explotación hidrocarburífera.Rendición de cuentas: Las empresas están obligadas a informar formalmente el estado actual del proyecto Sea Lion, aportando cronogramas de construcción, detalles sobre pozos, equipos contratados y principales contratistas y subcontratistas.
Este fallo intensifica la disputa diplomática y judicial en torno a los recursos naturales del Atlántico Sur:Reclamo argentino: El Gobierno nacional reafirma la soberanía sobre el archipiélago y la competencia de los tribunales locales.Postura internacional: El Reino Unido desconoce la jurisdicción de la justicia argentina sobre las islas, al tiempo que las corporaciones petroleras respaldan la validez de las licencias otorgadas por las autoridades británicas locales.