


La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires aprobó una ley que limita y restringe el uso de teléfonos celulares y dispositivos tecnológicos en las escuelas secundarias, tanto de gestión pública como privada. Unificación de criterios: La medida homologa las pautas de convivencia digital en todo el sistema educativo provincial, extendiendo una política regulatoria que ya se aplicaba con éxito en el nivel primario. Autoría del proyecto: Impulsado por el legislador Martín Rozas. Modalidad de aplicación: Los dispositivos deberán mantenerse guardados durante el horario escolar, permitiendo excepciones únicamente bajo la estricta planificación y autorización del docente con fines pedagógicos. La sanción responde a una profunda preocupación de la comunidad educativa ante dos problemáticas críticas: Dispersión y crisis del aprendizaje: El acceso temprano a la tecnología (casi 6 de cada 10 niños argentinos ya tienen celular propio a los 8 años) y el consumo constante de redes sociales generan una desconcentración masiva que fragmenta la atención. Esto se refleja en dificultades de comprensión lectora detectadas en evaluaciones como las pruebas Aprender. El flagelo de la ludopatía infantil: Se constató un alarmante crecimiento de las apuestas online entre adolescentes. El libre acceso al teléfono en el aula facilitaba que los jóvenes apostaran en forma silenciosa durante las clases, generando adicciones, deudas y graves daños a la salud mental.
La regulación se sostiene sobre sólidos antecedentes empíricos y normativos: Experiencia en el nivel primario (Ley N° 15.534): Su implementación demostró que los entornos libres de pantallas mejoran la socialización entre pares, reducen la violencia digital y favorecen el rendimiento escolar. Criterio unificado: La norma provincial evita que la prohibición dependa exclusivamente de los códigos de convivencia internos de cada institución. Aval internacional: El marco normativo se fundamenta en las recomendaciones de organismos como la UNESCO y UNICEF, que abogan por restringir los teléfonos inteligentes para salvaguardar los espacios de enseñanza.
La nueva ley comenzará a regir formalmente una vez que sea reglamentada por el Poder Ejecutivo provincial y publicada en el Boletín Oficial.