El Gobierno envió al Congreso el proyecto curiosamente denominado “Contra el fraude de pensiones por invalidez” que modifica la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 para establecer un reempadronamiento obligatorio, modificar el financiamiento de las prestaciones y eliminar derechos de trabajadores con discapacidad.

Las propuestas de la gestión de Javier Milei, con Mario Lugones al frente del Ministerio de Salud, generaron repudio en personas con discapacidad y su entorno. La actriz Lola Berthet advirtió que “el objetivo es que la gente con discapacidad se muera, que no tenga dignidad ni derechos”.

“Para este Gobierno, una persona con discapacidad no produce. Si este proyecto avanza, nos hunde a todos. No tiene ni que tratarse, el rechazo tiene que ser absoluto”, pidió la madre de Juan, un niño con autismo.

Este miércoles a las 11 las personas con discapacidad y sus entornos, en general sus familias, marcharán hasta el Ministerio de Salud bajo el lema “La discapacidad no puede esperar”El eje central de la ley está en el empadronamiento obligatorio de todos los titulares de pensiones por discapacidad. Los destinatarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. De no hacerlo, la pensión sería suspendida de forma automática.

La norma contempla que “el incumplimiento de los plazos y requisitos del reempadronamiento dará lugar a la suspensión y posterior baja del beneficio”.

Aún cumpliendo ese paso, la información proporcionada será fiscalizada a partir de un cruce de datos con ANSES, ARCA, SINTyS y otros organismos públicos. Ante casos dudosos, suspenderán igual la pensión de forma “preventiva”.

A su vez, la derogación de los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley Emergencia Nacional en Discapacidad N°27.793 la dejaría sin efecto y retrotraería la situación a meses atrás. El Gobierno ya no tendría la obligación de aplicarla y cumplirla.

El nuevo sistema fija el monto de la pensión no contributiva en el 70% del haber mínimo jubilatorio, pero elimina la posibilidad que tiene el Ejecutivo para otorgar aumentos en concepto de invalidez laboral y de zona geográfica desfavorable.