DURANTE LA TERCERA Y ÚLTIMA REUNIÓN INFORMATIVA DEL PLENARIO DE COMISIONES, EL PODER EJECUTIVO RECHAZÓ EL PEDIDO DE LA OPOSICIÓN PARA FRAGMENTAR LA INICIATIVA. SE PREVÉ FIRMAR EL DICTAMEN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES Y LLEVAR EL TEXTO AL RECINTO A FINALES DE MES.

La Cámara de Diputados de la Nación continuó este miércoles con el debate en torno al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía, en el marco de la última jornada informativa del plenario integrado por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El encuentro contó con la exposición central de María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.

De acuerdo con el cronograma previsto por el oficialismo, la discusión legislativa se cerrará el próximo miércoles 14 de octubre con la firma del dictamen de comisión, para luego habilitar su tratamiento en el recinto de sesiones en una sesión especial proyectada para el 21 de octubre. Dicha jornada parlamentaria podría incluir, asimismo, el análisis de iniciativas orientadas al endeudamiento familiar y a la prórroga de la emergencia en materia de discapacidad.

Durante las deliberaciones, los bloques opositores habían planteado la conveniencia de alcanzar un consenso parcial y desglosar el proyecto, concentrando inicialmente el debate sobre el primer título referido al régimen sancionatorio para la explotación ilegal de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. No obstante, la postura del oficialismo fue tajante al rechazar cualquier fragmentación, decidiendo mantener inalterado el texto integral enviado por el Ejecutivo.

La propuesta legislativa contempla sanciones severas que alcanzan hasta los 20 años de privación de la libertad, inhabilitaciones específicas y la creación de un registro público destinado a sancionar a quienes participen en operaciones no autorizadas sobre recursos naturales. Asimismo, el articulado impulsa la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional, el establecimiento de medidas preventivas ante amenazas graves e inminentes, restricciones estrictas al financiamiento extranjero de agrupaciones políticas y campañas, y la tipificación de nuevos delitos vinculados al espionaje, actividades clandestinas, desinformación, sabotaje y violencia.