


Un proyecto de ley para autorizar el uso de pistolas Taser en la Policía de la Provincia de Buenos Aires dio un paso clave en la Legislatura al obtener dictamen favorable en la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios.
El proyecto fue impulsado por el diputado provincial Carlos Puglelli (Frente Renovador - Unión por la Patria), presidente de la comisión. La iniciativa responde a una estrategia legislativa diseñada por Sergio Massa, enfocada en impulsar una agenda territorial orientada a la seguridad ciudadana.
En la comisión, la propuesta cosechó un consenso transversal al sumar el apoyo unánime de bloques opositores como La Libertad Avanza, el PRO, Unión y Libertad, Nuevos Aires y el diputado Juan José Esper.
El expediente parlamentario fundamenta la necesidad de incorporar estas armas de baja letalidad apoyándose en conceptos tácticos internacionales, principalmente en la denominada Regla de Tueller: El principio: Esta regla establece que un atacante armado con un objeto punzocortante puede recorrer 6,5 metros en aproximadamente 1,5 segundos, que es el tiempo promedio que le toma a un efectivo reaccionar, desenfundar su arma reglamentaria y efectuar un disparo defensivo. Utilidad técnica: Los defensores del proyecto sostienen que las pistolas Taser funcionan como una herramienta intermedia indispensable para neutralizar a un agresor a esa distancia crítica sin recurrir a la fuerza letal.
El texto propone modificar de forma específica la Ley de Unificación de las Normas de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires: Dispositivos autorizados: Se regula exclusivamente el uso de dispositivos electrónicos conductores de energía por proyectil. Queda prohibido de forma taxativa cualquier elemento de contacto directo (como picanas) diseñado únicamente para infligir dolor. Principios rectores: El uso de la fuerza estará delimitado por cinco principios esenciales: legalidad, necesidad, razonabilidad, progresividad y proporcionalidad. Solo podrán emplearse cuando la disuasión verbal resulte insuficiente y ante un peligro real e inminente. Capacitación y controles: Los agentes seleccionados deberán aprobar exámenes psicofísicos y realizar cursos obligatorios de desescalada de conflictos, primeros auxilios y riesgos biológicos, garantizando además la trazabilidad del equipo mediante asignación individual.
La discusión en la Provincia de Buenos Aires retoma esquemas operativos que ya se aplican en otros puntos del país: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): La Policía de la Ciudad utiliza activamente dispositivos Taser en áreas de alta concentración, como estaciones de subterráneo y nodos de trasbordo. Otras provincias: Jurisdicciones como Santa Fe han avanzado en la adquisición masiva de cartuchos y kits de entrenamiento, mientras que las fuerzas federales han contado con protocolos de uso bajo normativas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Pese a la aprobación unánime en la comisión, el proyecto expuso una marcada grieta dentro de la coalición oficialista: Rechazo o abstención interna: Los sectores alineados con el gobernador Axel Kicillof y la agrupación La Cámpora decidieron no acompañar la propuesta en esta instancia, reavivando debates ideológicos históricos sobre el uso de la fuerza pública. El argumento presupuestario y de escala: Desde el Ministerio de Seguridad provincial, conducido por Javier Alonso, señalaron que la Policía Bonaerense cuenta con un pie de fuerza de 100.000 agentes (65.000 operativos en calle). Argumentan que una implementación seria requiere una infraestructura tecnológica y de trazabilidad muy costosa, difícil de financiar en el contexto actual de recortes de fondos coparticipables por parte del Gobierno Nacional.
El camino parlamentario restatante prevé intensas negociaciones políticas: Próximos pasos: Tras este primer despacho favorable, la iniciativa debe ser girada a la Comisión de Legislación General. De obtener dictamen allí, pasará al recinto de la Cámara de Diputados para su media sanción y posterior envío al Senado provincial. Viabilidad de votos: Dado el consenso articulado entre el massismo y la oposición (PRO y La Libertad Avanza), el proyecto cuenta con altas probabilidades matemáticas de ser aprobado en el recinto, incluso sin el apoyo del núcleo duro del kicillofismo