Mientras la Justicia federal define los recursos presentados por ambas jurisdicciones sobre el mantenimiento de los tramos inconclusos, desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense advierten que incorporar la traza a la concesionaria estatal AUBASA es la única salida financiera viable para finalizar los 31 kilómetros restantes.

La disputa judicial por la Autopista Presidente Perón volvió a poner en primer plano el debate sobre cómo financiar y concluir una obra clave para el sur del conurbano, con un impacto directo en distritos atravesados por la traza como Presidente Perón y San Vicente. Luego de que tanto el Estado Nacional como el Gobierno bonaerense apelaran la reciente medida cautelar dictada por el Juzgado Federal de San Martín, desde La Plata ratificaron su postura central: para terminar la traza, reclaman el traspaso de la obra y proponen implementar un sistema de peajes bajo la órbita de Autovías de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

Con los trabajos de construcción paralizados por Nación desde diciembre de 2023, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial sostiene que el escenario presupuestario actual vuelve inviable afrontar los frentes pendientes sin un esquema de repago directo.

Consultadas sobre cómo se costearían las obras en caso de concretarse el traspaso, fuentes oficiales de la cartera fueron categóricas: “Si Nación no la transfiere no hay manera; si la pasa, iría al sistema AUBASA y con lo que recauda se puede autofinanciar para finalizarla”.

De este modo, la hoja de ruta impulsada por la administración bonaerense descansa en tres ejes: Cesión de jurisdicción: Que el Gobierno nacional transfiera formalmente los 83 kilómetros de la traza a la Provincia —de los cuales 52 ya se encuentran habilitados y 31 permanecen inconclusos en el tramo comprendido entre Merlo y la Autovía 2—. Gestión bajo AUBASA: Incorporar el corredor a la empresa estatal bonaerense, replicando el modelo operativo que ya administra la Autopista Buenos Aires–La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico. Financiamiento con tarifas: Implementar futuras estaciones de peaje para recaudar los fondos necesarios destinados a concluir los tramos faltantes, terminar las colectoras, instalar iluminación y garantizar el mantenimiento permanente de la vía.

En el plano procesal, las apelaciones interpuestas tanto por la Nación como por la Provincia fueron concedidas con efecto devolutivo por el juez federal subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto. De esta forma, el expediente fue elevado a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, sin que ello suspenda la vigencia de las medidas urgentes ya ordenadas en el expediente.