



Una medida de alto impacto social comenzó a cobrar forma en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. Miles de familias que habitan en asentamientos y barrios populares de los distritos de Presidente Perón y San Vicente podrían quedar legalmente protegidas contra los desalojos durante la próxima década, tras el avance en comisiones de un nuevo proyecto de ley.
La iniciativa logró dar un paso clave al obtener dictamen favorable en las comisiones de Tierras y de Legislación General de la Cámara de Diputados, quedando a la espera del despacho de Asuntos Constitucionales y Justicia para su tratamiento definitivo en el recinto.
Impulsada por la diputada provincial Cintia Romero (Patria Grande), la propuesta busca cubrir el delicado vacío legal generado tras el vencimiento de la prórroga anterior (Ley 15.056).
Para partidos como Presidente Perón y San Vicente —caracterizados por un marcado crecimiento demográfico y la presencia de numerosas barriadas inscriptas en el Registro Público Provincial de Villas y Asentamientos Precarios (RPPVAP) y en el RENABAP—, la sanción de esta norma representaría un respiro fundamental. Funcionaría como un paraguas jurídico indispensable mientras se consolida el proceso de urbanización y la tan ansiada regularización dominial de los terrenos.
De acuerdo al texto aprobado en esta instancia legislativa, el proyecto establece mecanismos directos de resguardo para los habitantes de los sectores vulnerables: Freno automático: La suspensión de los lanzamientos judiciales operará de pleno derecho con la sola inscripción del barrio en el registro provincial, independientemente de la fecha en que haya sido incorporado al sistema.