


La Legislatura bonaerense analiza un proyecto con media sanción para declarar la emergencia climática. La iniciativa facultaría a los intendentes a usar los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural en tareas de prevención ante "El Niño", generando fuerte resistencia en el sector agropecuario.
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se encamina a tratar un proyecto de ley, con media sanción del Senado, que busca declarar la emergencia climática temporal y autorizar a los intendentes a reasignar de manera excepcional los recursos del Impuesto Inmobiliario Rural.
Impulsada originalmente por el legislador Sergio Vargas de cara al impacto del fenómeno meteorológico "El Niño", la iniciativa facultará a los municipios a destinar hasta el 100% de esos fondos coparticipados a obras de infraestructura hídrica crítica por un plazo de 180 días.
Actualmente, la Ley 13.010 estipula que el 20% de lo recaudado por este tributo debe retornar de forma obligatoria a las comunas exclusivamente para mantener la red vial y los caminos de tierra. De aprobarse la reforma, los jefes comunales tendrán vía libre para redirigir esos montos hacia drenajes pluviales, dragado y limpieza de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de maquinaria hídrica especializada.
El corazón del proyecto responde a la necesidad de contar con previsibilidad ante tormentas severas e inundaciones recurrentes. Sus defensores sostienen que dota a los intendentes de una herramienta financiera rápida para mitigar catástrofes sin depender de demoradas partidas presupuestarias externas.
Sin embargo, las entidades agropecuarias bonaerenses (como CARBAP) cruzaron fuertemente la medida: advierten que la norma no explicita que las obras deban realizarse únicamente en zonas rurales, por lo que temen un "desvío discrecional" que desproteja los caminos indispensables para sacar la producción agraria.
La aplicación de esta ley afectará de manera dispar a los dos distritos vecinos del Conurbano Sur, condicionados por sus marcadas diferencias geográficas y productivas: San Vicente (Impacto mixto y tensión con el agro): Al contar con un extenso sector rural, cuencas lecheras, ganadería y campos cultivables, la reasignación de fondos abrirá un frente de conflicto. Si el municipio decide volcar el 100% de los recursos para contener anegamientos en los cascos urbanos (como San Vicente o Alejandro Korn), los productores locales reclamarán por el abandono de los caminos viales secundarios. En contrapartida, la ventaja es que la comuna ganará presupuesto directo para sanear canales internos que suelen colapsar por las lluvias y sudestadas. Presidente Perón (Prioridad hidráulica urbana): Con una fisonomía mayoritariamente urbana y semiurbana en las periferias de Guernica, la recaudación por Inmobiliario Rural es menor que la de su vecino, pero la flexibilización representará un auxilio financiero clave. El distrito sufre históricamente anegamientos en barrios vulnerables por el desborde de arroyos y zanjones. Para las autoridades locales, poder derivar legalmente esos fondos a la compra de bombas de achique, retroexcavadoras y entubamientos significará una respuesta directa e inmediata para la seguridad de los vecinos ante temporales.

