El asesor presidencial Santiago Caputo cuestionó con dureza el sistema de pensiones por discapacidad y aseguró que aproximadamente el 60% de los beneficios actuales presentan irregularidades, calificándolo como una de las estafas más grandes de la política nacional en las últimas dos décadas.

Ejes de la Polémica Declaración

• Uso político de los certificados: A través de la red social X, Caputo acusó a distintos dirigentes de utilizar la entrega de beneficios para familiares, amigos, conocidos o con fines partidarios.

• Defensa de las bajas: Respaldó firmemente la decisión del Gobierno de dar de baja aquellas pensiones consideradas truchas, argumentando que el fraude desfinancia a quienes verdaderamente necesitan asistencia.

• Comparación internacional: Cuestionó que la Argentina cuente con niveles de pensiones por invalidez comparables con naciones que han atravesado conflictos bélicos directos.

• Críticas al Congreso: Cuestionó el rol del Poder Legislativo por intentar ampliar las prestaciones en lugar de apoyar los recortes y controles.

Contexto Legal y Político

Las declaraciones del funcionario surgen en paralelo al envío de un proyecto de ley contra el fraude en las pensiones por invalidez laboral por parte del Ejecutivo, el cual busca implementar nuevos mecanismos para prevenir, detectar y sancionar anomalías.

Este debate se da en medio de fuertes cruces políticos y recientes polémicas mediáticas, como la denuncia vinculada a la exdiputada Romina Uhrig por un certificado de discapacidad otorgado en 2018. No obstante, se aclaró que el porcentaje del 60% mencionado por el asesor responde a una estimación propia y no a una estadística oficial verificada sobre el padrón total de beneficiarios.